Categoría: Creación de Empresas

Cambio de domicilio social

¿Cómo cambiar el domicilio social de una empresa?

En empresas de reciente creación, aunque también en aquellas con un largo recorrido, es habitual el cambio de local o despacho, que es sede del negocio. Aunque parece una gestión sencilla, a esta “mudanza” le acompañan otra serie de trámites a los que el dueño del negocio debe hacer frente, como son también los gastos de notaría y registro.

Las sociedades mercantiles se constituyen a través de una Escritura Pública y su inscripción en el Registro Mercantil. Entre los datos que deben figurar en esa Escritura de constitución está el domicilio social. Es importante que sepas en qué consiste y en qué se diferencia del domicilio fiscal.

 

¿Qué es el domicilio social?

El domicilio social de una empresa, según el art. 9.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se trata del lugar donde se encuentra “el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”.

Esta dirección social indica que la empresa se regirá con el régimen jurídico que impere en la localidad domiciliada; sin embargo, que la sede social se encuentre en una localidad u otra no implica que la empresa no pueda tener centros de trabajo en otros lugares. De hecho, son muchas las empresas cuya sede social se encuentra en una ciudad y su grueso de trabajadores opera en otra.

 

¿Qué es el domicilio fiscal?

El art. 48.2.b de la Ley General Tributaria define domicilio fiscal como el lugar “donde se ubique su domicilio social, siempre que en él este efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección”.

Es decir, se trata del lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración Tributaria y su adscripción a la oficina tributaria correspondiente.

 

¿En qué se diferencian domicilio social y fiscal?

De manera simple, se podría explicar diciendo que el domicilio fiscal es vinculante para el cumplimiento de obligaciones tributarias a efectos de procedimientos administrativos y de control fiscal; mientras que el domicilio social se presenta como el centro neurálgico de un negocio, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad y desde donde se efectúa la gestión administrativa de la empresa. En este sentido, cambiar de domicilio social no implica la obligatoriedad de cambiar también de domicilio fiscal, ya que hay impuestos, como el Impuesto sobre Sociedades dependiente del Ministerio de Hacienda, que se pagan por igual en todo el territorio.

Otros impuestos a los que debe hacer frente una empresa, como es el Impuesto de Actividades Económicas o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) están más relacionados con bienes físicos (edificios, cajeros, oficinas) que el domicilio social, por lo que un cambio de sede social donde no tenga lugar ninguna deslocalización ni de la producción ni de los empleados, estos impuestos se siguen pagando en la localidad de sus centros de trabajo.

 

¿Cómo se modifica el domicilio social?

El cambio de domicilio social de una empresa se puede resumir, de manera sencilla, es contar con su aprobación en la Junta de Socios, con su correspondiente modificación de los Estatutos Sociales, firmar ante notario la nueva escritura pública e inscribirla en el Registro Mercantil.

1.-Aprobar el cambio de domicilio social

Hasta el año 2010, los administradores de una empresa solo tenían potestad como órgano competente para realizar el cambio de domicilio social a nivel municipal. En 2015, la normativa cambió y el administrador adquirió derechos para realizar el cambio de domicilio social a cualquier localidad dentro del territorio del país, siempre y cuando no se reflejase lo contrario en los estatutos. En ese caso, era obligatoria la celebración de una junta general de socios para tratar el tema.

Desde el 6 de octubre de 2017, fecha en la que se aprueba el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Movilidad de los Operadores Económicos dentro del Territorio Nacional, el órgano de administración adquiere derechos para realizar el cambio de domicilio social a cualquier localidad dentro del territorio del país y sin necesidad de convocar a la Junta de Socios, siempre y cuando no se refleje lo contrario en los Estatutos. En ese caso, es obligatoria la celebración de una Junta de Accionistas para aprobar el cambio de sede social.

2.-Escritura ante notario

Una vez tomada la decisión de llevar a cabo el cambio de sede social, es necesario modificar los Estatuto para recoger la ubicación del nuevo domicilio social y firmar una Escritura Pública ante notario que confirme la nueva dirección.

3.-Inscripticón en el Registro Mercantil

Posteriormente, se debe proceder a su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente de la provincia correspondiente. Para ello hace falta presentar tanto la Escritura como el modelo 600.

También debe notificarse a la Tesorería General de la Seguridad Social el nuevo cambio, un trámite que se puede realizar tanto de forma telemática como a través de su Sede Electrónica.  Y con respecto a la Administración Tributaria, se deberá presentar el modelo 036 de Declaración Censal, junto a la Escritura Pública y la inscripción en el Registro Mercantil.

 

¿Y el domicilio fiscal?

Por otra parte, para cambiar el domicilio fiscal de una empresa nos encontramos con un proceso más sencillo, ya que únicamente es necesario presentar el modelo 036 ante la Agencia Tributaria.

En Raipe somos una gestoría de empresas especializada en realizar todo tipo de gestiones relacionadas con la actividad de una sociedad. Nuestro departamento jurídico te asesorará y acompañara en todo el proceso de cambio de domicilio social con total profesionalidad.

SLU ¿qué es?

SLU ¿Qué es y de qué lo diferencia de una SL o un Autónomo?

Cuando has emprendido y puesto todo tu esfuerzo en tirar hacia delante ese proyecto que tanto de entusiasma y ha sido un éxito, nuestras felicitaciones, pues has conseguido en montar una empresa, de los pies a la cabeza, y lo más complicado ¡Que funcione! Y si aún no lo has hecho, y estás pensando en hacerlo, presta atención a lo que te contaremos.

No obstante, detrás de todo este proceso existe un largo historial de pasos a seguir, por lo que en la burocracia y la legalidad se refiere.  Normalmente uno se inicia, como un autónomo, y a medida que va creciendo la empresa, ya se hablaría de palabras mayores.

Pues bien, hoy hablamos de la SLU, o también conocida como la Sociedad Limitada Unipersonal, y de las diferencias con una Sociedad Limitada, o bien estar en un estado de autónomo.

Si definimos un poco  más. El concepto de Sociedad Limitada Unipersonal reside en que tan solo existe, únicamente, un socio. Es decir, todo queda a manos de un único propietario con el 100% de las participaciones sociales suyas, siendo la administración de forma interna o ajena a la empresa, y sin perjudicar en la participación de la empresa.

Las diferencias: Sociedad Limitada (SL) o autónomo

Aunque se asemeje, las diferencias entre la Sociedad Limitada Unipersonal y la Sociedad Limitada son mínimas, pero existen algunos matices que hay que considerar para no caer en el error fiscal y mercantil.

Quizá la más significativa es que la SLU debe de hacer constar su condición de unipersonalidad con la sigla U en todos los actos en los que aparezca, ya sea en documentaciones o cualquiera de sus acciones.

Todo deberá de constar por escrito, y las condiciones se deben de recogerse de forma individualizada en la memoria anual de las cuentas de la empresa, siempre recalcando este hecho que distingue la SLU de la SL.

No obstante, en el mundo mercantil, existen muchos tipos de sociedades, personas físicas y personas jurídicas, y el papel de autónomo es uno de los más populares en el sistema empresarial.

Las diferencias entre una SLU y un autónomo dista un poco más que comparándola con una SL. Todas las diferencias parten en porcentajes tributarios.

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Los puntos de gasto y de gestión de toda la burocracia suele ser bastante diferente de la SLU al autónomo y va a tocar pagar más según qué tipo de estado mercantil te sitúes.

A ojos de la administración pública, aunque gestiones tu empresa, sea una SLU o seas un Autónomo, lo verá de forma distinta aunque te parezca que las responsabilidades (de forma práctica, claro), las tributaciones, o los pagos a Hacienda y demás factores fiscales son distintos, y por ello aquí las difernecias.

Estos puntos quedan registrados de forma más detallada en Real Decreto 16/2013, que salió en el BOE del día 21 de diciembre de 2013.

Sin embargo a estos detalles que te mencionamos, siempre es recomendable acudir a un profesional que sea experto  y sepa gestionar todos estos temas para no correr ningún riesgo y que tu empresa se catapulte hasta lo más alto.

¿Qué es el pacto de socios y cómo se hace?

¿Qué es el pacto de socios y cómo se hace?

Para comenzar el proyecto de una nueva empresa con buen pie es necesario hacerlo pensando en posibles problemas o cambios en el futuro y tomando medidas que ayuden a gestionarlos. La legislación mercantil y civil no regula todos los aspectos de un negocio y es por ello que muchas startups y empresas pequeñas de nueva creación apuestan por contar con un pacto de socios que contemple conflictos que puedan surgir entre ellos más adelante.

 

¿En qué consiste el pacto y cuál es su eficacia?

El pacto de socios es un acuerdo que se firma entre los socios de una sociedad (aunque también puede incluir a no socios) y en el que se reflejan diferentes cuestiones referentes a la gestión y a la organización de la sociedad y que no tienen cabida en los estatutos sociales.

Este acuerdo, aunque se firma al margen de la empresa, regula las relaciones internas con un protocolo de actuación claro que agilice la resolución de conflictos que puedan poner en riesgo la continuidad del proyecto, y también se contemplan situaciones de diversa índole que no están reguladas por la ley, como el supuesto de que uno de los socios decida abandonar la sociedad y vender sus participaciones a un desconocido.

Se recomienda firmar y renovar este pacto en el momento de constituir la sociedad y cuando un nuevo socio entre a formar parte de la sociedad. Es de naturaleza “inter pares” y su eficacia se aplica únicamente a las personas que lo firman,  quedando obligadas entre sí y pudiendo incluso emprender acciones legales en caso de incumplimiento, así como solicitar una indemnización o la obligación de cumplir con lo acordado. En cambio, para responder frente a terceros, en principio, carece de eficacia.

¿Qué regula el pacto de socios?

A pesar de que cada acuerdo presentará sus particularidades, todo pacto de socios firmado por los fundadores se compone principalmente de 4 puntos:

  • Identificación de la sociedad y los socios: Descripción del proyecto y presentación de cada socio, indicando su porcentaje de participación.
  • Estructura de los órganos sociales: selección del modelo y reparto de cargos.
  • Política económica: protocolo del reparto de beneficios sociales.
  • Rotación de socios: protocolo a seguir en caso de entrada o salida de uno de los integrantes. Incluye aspectos como las normas de transmisión, el derecho de arrastre y otros derechos.

Otros aspectos que se recomiendan recoger en este acuerdo entre socios incluye el detalle sobre como ejercer la toma de decisiones o la regulación de la cláusula de no competencia. En definitiva, en este documento se pactan las medidas para evitar aspectos como la falta de compromiso, la revelación de secretos o el reparto de dividendos.

¿Qué tipos de pactos de socios hay?

Como ya hemos dicho, no todos los pactos de socios son iguales y se establecen diferentes modelos según el momento de la firma o el objetivo del proyecto. Los más comunes son:

  • Pacto de socios fundadores: Se firma habitualmente en el momento de creación de la sociedad mercantil y fija las bases de la compañía, con su correspondiente reparto de cargos y protocolo de resolución de conflictos.
  • Pacto de sindicación de votos: Los socios se comprometer a votar de forma uniforme sobre un determinado aspecto de la empresa. De esta manera se forma un bloque dentro de la empresa que sigue una estrategia común y toma las decisiones siguiendo sentido concreto.
  • Acuerdo de joint venture: Dos o más empresas acuerdan formar una nueva empresa de forma conjunta y esclarecen las bases, con su correspondiente reparto de cargos y criterio de mayoría de voto. Las empresas fundadoras no dejan de existir.
  • Acuerdo de inversión: Inversor y socios pactan las condiciones de inversión en la empresa y acuerdan cuáles serán sus derechos económicos y de información.
  • Pacto de no agresión: Los socios se comprometen a no tomar ninguna decisión en la empresa que pueda perjudicar al resto de los integrantes del pacto.

¿Y cómo se hace el acuerdo?

Existen muchos modelos que pueden servir de plantilla para redactar el pacto de socios de una empresa, pero se recomienda adecuar el documento a la naturaleza y estrategia de cada negocio en particular. Para dar validez a este acuerdo, basta con firmar el documento con la conformidad de los integrantes en el pacto de socios. En caso de modificación serán necesarias las firmas de todos los integrantes y no será válida la aplicación de las mayorías establecidas en los estatutos.

No es necesario dotar al pacto de socios de eficacia jurídica ante un notario, pero es una opción permitida. En cualquier caso, no debe confundirse con los estatutos societarios, los cuáles si deben ser recogidos en escritura pública.

Y dado que los compromisos contraídos en el pacto de socios vienen acompañados de plena aplicación jurídica, se recomienda contar siempre con el asesoramiento de una gestoría. En Raipe Consultor contamos con una larga experiencia en gestión y asesoramiento de empresas.

Responsabilidades del administrador de una SL

¿Qué responsabilidad tiene el administrador de una SL?

En una empresa constituida como una Sociedad Limitada la responsabilidad de los socios frente a terceros se limita a las aportaciones de capital de cada uno de ellos; sin embargo, la figura del administrador presenta la responsabilidad de cumplir con una serie de criterios que garanticen su buena gestión y por los que debe responder en caso de negligencia.

 

¿Quién es el administrador de una Sociedad Limitada?

Según la Ley de Sociedades de Capital toda sociedad mercantil constituida tiene que contar con un órgano de administración responsable de su gestión y de ser la cabeza visible de la empresa, tanto a nivel interno como externo.

Esta figura puede estar desempeñada por un Administrador Único, Administradores Solidarios o Mancomunados, así como en forma de un Consejo de Administración compuesto por al menos tres miembros. También puede ser administrador tanto personas jurídicas como los no socios, siempre y cuando sean nombrados por la Junta General de Socios.

 

Alcance de la responsabilidad del administrador

Aunque es la SL quién responde ante terceros por los actos del administrador, es el administrador quién responde ante los socios y los acreedores por el daño que cometa en caso de actos u omisiones contrarios a la ley y a los estatutos de la sociedad siempre que haya existido dolo o culpa por su parte.

La responsabilidad civil-mercantil del administrador

Es responsable del cumplimiento de las normativas vigentes y de las buenas prácticas dentro de la empresa. También es el encargado de ordenar la disolución de la sociedad en los supuestos de:

  • La empresa no puede desempeñar su correcto funcionamiento ni alcanzar el propósito que motivo su formación.
  • Si la sociedad alcanza perdidas por debajo de la mitad de su capital social.
  • Si el capital está por debajo de los mínimos legales.

La responsabilidad laboral

A pesar de que no existe normativa estricta que regule este tipo de responsabilidad, las situaciones conflictivas más frecuentes son:

  • No validar las posibilidades de continuidad en el desarrollo de la empresa en su actividad y no encontrar una solución viable ni disolver la empresa.
  • Hacer uso de su puesto como administrador con fines ilegítimos.

La responsabilidad tributaria

Según la Ley general tributaria el administrador de una SL es responsable de la deuda tributaria en los siguientes supuestos:

  • Si se comete una infracción tributaria y el administrador lo ha permitido o se ha mantenido al margen.
  • Si el administrador decide abandonar su cargo pero aún hay obligaciones tributarias pendientes. En este supuesto, será responsable si estas no se cumplen.

La responsabilidad penal

El administrador es responsable tanto de sus propias acciones como de la omisión de los hechos de terceros y puede verse implicado en diversos delitos, entre los que destacan:

  • Delitos societarios: como falsear cuentas y otros documentos, impedir que un socio ejerza sus derechos, imponer acuerdos abusivos para su propio beneficio y trampear o negarse a inspecciones y supervisiones de organismos oficiales.
  • Delitos fiscales: defraudar a Hacienda.
  • Delitos contra la Seguridad Social.
  • Mentir para entrar en concursos de subvenciones.

En este sentido, la jurisprudencia ya ha admitido una serie de hechos desencadenantes de la responsabilidad del administrador, como el hecho de no llevar ningún tipo de contabilidad ni control sobre la situación de la sociedad, no convocar ninguna Junta que informe a los socios de las situaciones de conflicto para los intereses de la empresa o no guardar en secreto toda la información confidencial.

El administrador de una Sociedad Limitada que incumpla los deberes de su cargo debe responder personalmente y con su patrimonio frente a los socios.

En Raipe Consultors asesoramos a su empresa de forma personal y profesional para que el desarrollo de su actividad corresponda siempre con la normativa y con los intereses de su actividad.